Descripción
Examina la exigencia de denuncia previa para la persecución de los delitos sexuales en el ordenamiento español, con especial atención al artículo 191 del Código Penal. Parte del deber estatal de perseguir la violencia sexual como violencia contra las mujeres y contrasta este deber con las excepciones a la persecución de oficio previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Analiza el desarrollo jurisprudencial e internacional del deber de tutela penal, la posición del Ministerio Fiscal y el papel de las víctimas directas e indirectas y de la acusación popular. El estudio se completa con una revisión crítica, desde los feminismos antipunitivistas, de los fundamentos materiales de estas barreras procesales, identificando la intimidad y la prevención de la victimización secundaria como intereses que justifican mantener la denuncia previa.
